El Gobierno ha anunciado que, a partir del 1 de enero, la Unase se convertirá en una dirección nacional con más personal, recursos y capacidad operativa para combatir directamente la extorsión y el secuestro. La iniciativa, confirmada por el ministro del Interior, tiene como objetivo consolidar una estrategia continua contra el crimen organizado y mejorar los resultados en todo el país.
¿Qué modificaciones trae la nueva estructura y por qué es el momento adecuado?
La decisión de elevar la Unidad Antisecuestro y Extorsión al rango de dirección nacional marca un punto de inflexión en la arquitectura de seguridad pública. Creada en 1994 y hasta ahora integrada en la Dinased, la Unase operaba con mandos y presupuestos limitados frente a fenómenos delictivos que han crecido en escala, sofisticación y crueldad. El nuevo estatus supone dotarla de más agentes especializados, tecnología de investigación avanzada y una asignación presupuestaria propia enfocada en desarticular redes de secuestro y estructuras de cobro extorsivo. El mensaje político es claro: el Estado prioriza estos delitos como amenaza central a la vida, la economía y la confianza ciudadana.
La oportunidad temporal no es casual. En los últimos meses se registró un incremento de denuncias y modalidades de extorsión que combinan llamadas intimidatorias, secuestros exprés, uso de cuentas “mulas” y coordinación desde centros penitenciarios. En paralelo, el país ha potenciado su respuesta operativa, con un volumen de acciones policiales que, según datos oficiales, supera el millón en lo que va del año y con incautaciones de droga acumuladas por encima de las 500 toneladas en el bienio reciente. El salto institucional de la Unase busca capitalizar este impulso y traducirlo en golpes selectivos a las finanzas y mandos medios de las bandas.
Enfoque territorial: localización de los casos y redistribución de recursos
La concentración geográfica de los delitos orienta la estrategia. Autoridades han identificado a Guayas como el epicentro de aproximadamente ocho de cada diez casos de secuestro y extorsión, lo que explica el despliegue reforzado de equipos operativos, analistas de inteligencia y capacidades de investigación financiera en esa provincia. Sin embargo, convertir a la Unase en dirección nacional implica evitar cuellos de botella: se prevé replicar protocolos, formación y herramientas en otras jurisdicciones para responder con rapidez cuando la delincuencia desplace su radio de acción o busque “efectos globo” para diluir la presión estatal.
La colaboración entre instituciones será fundamental. Las fiscalías, unidades especializadas en ciberdelincuencia, inteligencia penitenciaria, aduanas y supervisión bancaria deben coordinar sus flujos de información para rastrear el dinero, interrumpir canales de comunicación delictivos y agilizar órdenes judiciales en tiempo real. La nueva estructura permitirá ventanillas únicas, equipos mixtos y cadenas de mando más definidas para minimizar tiempos muertos entre la denuncia, la investigación y la captura.
Operaciones más exigentes: objetivos de cierre de año y proyección hacia 2025
El ministro del Interior anticipó una ofensiva operativa con énfasis en el cierre del año, concebida para incrementar detenciones y desmantelar células que sostienen la extorsión diaria en barrios, comercios y transporte. El objetivo no es únicamente aumentar cifras, sino elevar la calidad de los resultados: capturar cabecillas, interceptar comunicaciones, asegurar evidencias digitales y documentales, y recuperar activos que financian estas economías criminales. La promesa de que miembros y jefes de bandas pasen las fiestas en prisión se acompaña de una determinación logística: una vez aprehendidos, los objetivos de alto y mediano valor serán trasladados a la Cárcel del Encuentro, sin importar el punto del país donde se concrete la captura, para concentrar custodias, reducir riesgos de fuga y evitar operaciones de rescate.
Esta línea de acción se conecta con un 2025 que, según la autoridad, ya exhibe una fuerte capacidad operativa: más de 1,4 millones de intervenciones policiales acumuladas en el año reflejan patrullajes, allanamientos, controles, inspecciones y labores de prevención que sostienen la estructura de seguridad. La continuidad del esfuerzo requiere mantener estándares de capacitación, una rotación saludable de personal para evitar el desgaste y protocolos de bienestar que disminuyan el estrés inherente a unidades que operan bajo alto riesgo y presión temporal.
Investigación, inteligencia y justicia: tres componentes que deben encajar
Convertir la Unase en dirección nacional solo se traducirá en mejores resultados si la investigación criminal y la acción judicial avanzan al mismo ritmo. En la fase investigativa, se dará prioridad al uso de técnicas especiales: agentes encubiertos, entregas controladas, rastreo de dispositivos, análisis de patrones de llamadas y triangulación de celdas, siempre bajo supervisión judicial. Del lado de inteligencia, el desafío es mapear jerarquías y conexiones financieras: identificar empresas fachada, «enfriadores» de dinero y circuitos de lavado que transforman pagos extorsivos en activos aparentemente legales. En el ámbito judicial, la coordinación con fiscalías especializadas permitirá acelerar medidas cautelares, protección de víctimas y testigos, y decomisos precautelatorios que afecten la capacidad operativa de las bandas.
La experiencia internacional demuestra que desarticular redes de secuestro y extorsión requiere tanto la aprehensión de personas como la eliminación de sus recursos: canales de comunicación, cuentas bancarias, flotas de vehículos y acceso a armamento. La nueva dirección deberá organizar unidades de análisis financiero con acceso a informes de operaciones sospechosas, cooperación con sistemas antilavado y acuerdos con proveedores de telecomunicaciones para responder a requerimientos en tiempos perentorios.
Protección a víctimas y prevención: la otra mitad de la estrategia
Ningún progreso será sostenible si las víctimas permanecen solas ante la amenaza. La expansión de la Unase debe estar acompañada de protocolos de atención integral que incluyan orientación inmediata, canales de denuncia seguros, asesoramiento para preservar evidencia digital y líneas de contención emocional. La prevención también tiene un componente educativo: campañas para que comercios, transportistas, plataformas de entrega y profesionales independientes reconozcan patrones de extorsión (como llamadas desde números ocultos, exigencia de depósitos a cuentas «mulas» o amenazas con datos expuestos en redes) y sepan cómo actuar sin incrementar el riesgo.
En el frente penitenciario, el control de comunicaciones ilícitas desde cárceles es determinante. El uso de inhibidores, filtros de llamadas, requisas tecnológicas y equipos de análisis de señales debe integrarse con investigaciones que apunten a funcionarios y externos que facilitan teléfonos y chips. Reducir el comando remoto desde las prisiones corta el flujo de órdenes que alimenta la extorsión a pie de calle.
Indicadores y transparencia: medir para corregir a tiempo
Una dirección nacional contemporánea funciona con métricas precisas. Para evaluar el impacto, se necesitan indicadores que vayan más allá de las detenciones: la tasa de casos resueltos, los tiempos promedio de respuesta, el porcentaje de rescates sin pago de rescate, el monto de activos recuperados, la disminución de llamadas extorsivas activas, el impacto en la reincidencia y la satisfacción de las víctimas con el proceso. La publicación de tableros periódicos, con salvaguardas de seguridad y datos agregados, fortalece la confianza ciudadana y permite corregir desviaciones operativas antes de que se vuelvan crónicas.
La apertura a auditorías internas y externas, junto con la capacitación constante en derechos humanos y uso proporcional de la fuerza, ayuda a blindar la legitimidad de la nueva dirección. El objetivo es claro: ser eficaces contra el crimen sin sacrificar el Estado de derecho que se busca proteger.
Coordinación regional y cooperación internacional: multiplicar capacidades
El crimen organizado desborda fronteras internas. En consecuencia, la nueva jerarquía de la Unase debe potenciar canales de cooperación con policías de países vecinos, centros de fusión de inteligencia y organismos multilaterales. Intercambiar alertas tempranas sobre modus operandi, perfiles de cabecillas y rutas financieras facilita anticipar desplazamientos delictivos y ejecutar operativos simultáneos. Los acuerdos para extradición rápida, asistencia legal mutua y compartir evidencia digital con cadena de custodia preservada son piezas que, bien encajadas, elevan la efectividad de cada captura.
El apoyo técnico externo también suma: entrenamiento en negociación con secuestradores, análisis forense digital, trazabilidad de criptoactivos y gestión de crisis puede acelerar la curva de aprendizaje y cerrar brechas que los grupos criminales explotan.
Las expectativas de la ciudadanía y el reto de mantener los resultados
La ciudadanía exige menos retórica y más seguridad tangible: poder laborar, educarse y desplazarse sin temor a recibir una llamada de extorsión o ser víctima de un secuestro exprés. Transformar a la Unase en una dirección nacional es un gesto decidido, pero lo que realmente fortalecerá la confianza será la disminución constante de incidentes y la percepción de que denunciar es valioso porque el Estado responde, protege y recupera lo perdido. Para lograrlo, además de operativos efectivos, se necesitan procesos administrativos eficientes, atención respetuosa y canales de comunicación que informen sin comprometer las investigaciones.
Sostener los resultados requiere gestionar el desgaste institucional: es fundamental cuidar al personal mediante apoyo psicológico, implementar rotaciones estratégicas y proporcionar equipos adecuados; además, se debe invertir en tecnología que minimice las tareas repetitivas; y mantener una coordinación política que evite mensajes contradictorios. En resumen, el plan combina fuerza operativa, inteligencia aplicada y un enfoque cercano a las víctimas.
Un paso decisivo en una estrategia de largo aliento
La transición de la Unase a dirección nacional representa una apuesta por la especialización y la escala. Con más agentes, presupuesto propio y una cadena de mando definida, el país busca ordenar y profundizar su ofensiva contra la extorsión y el secuestro, delitos que afectan la vida cotidiana y las finanzas de familias y empresas. La ofensiva de fin de año es el arranque visible; el verdadero éxito se medirá en 2025 y más allá, cuando los índices bajen, los líderes criminales enfrenten condenas y las redes financieras que los sostienen se queden sin oxígeno. Entre la determinación política y la técnica investigativa, el desafío es convertir esta reforma en resultados que devuelvan tranquilidad a las calles y confianza en las instituciones.
